En 1798, el Congreso aprobó y el Presidente Adams promulgó la ley de sedición, que limitaba severamente el derecho a criticar al Presidente o al Congreso. Por su parte, Virginia y Kentucky establecieron sus derechos como Estados para determinar la constitucionalidad de las leyes federales y declararon a la ley de sedición como inconstitucional e inejecutable dentro de sus respectivos límites.
El derecho de un Estado de anular leyes federales fue nuevamente ratificado en 1832, cuando una Convención especial de Carolina del Sur adoptó un decreto de nulidad declarando nulas e inejecutables algunas leyes arancelarias federales. El Presidente Jackson respondió con una enérgica declaración de supremacía federal y amenazó con recurrir a la tropa federal. El Estado revocó su decreto y el asunto se resolvió políticamente y no judicialmente. P. p. 35-36